La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que las recientes acciones judiciales y políticas contra periodistas que difundieron audios vinculados a Karina Milei representan un ataque a la libertad de expresión y ponen en riesgo las garantías constitucionales en Argentina.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su preocupación por lo que consideran un grave ataque a la libertad de expresión en Argentina, luego de que el Gobierno denunciara a periodistas que difundieron audios relacionados con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
ATE denuncia la persecución política y judicial a la prensa
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, afirmó que “este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país”. Según el dirigente, las acciones judiciales y políticas en curso representan un ataque directo a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
Entre los periodistas afectados se encuentran Jorge Rial, Mauro Federico y Pablo Giménez, responsable del portal Data Clave. Además, el sindicato cuestionó la medida del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, que prohibió la difusión de nuevos audios vinculados a la hermana del Presidente, señalando que se trata de un acto de censura preocupante.
Libertad de expresión y marco legal
La ATE recordó que la libertad de prensa está amparada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, los cuales garantizan el derecho a publicar ideas sin censura previa. Asimismo, Argentina suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades definidas por la ley.
En este contexto, la ATE insistió en la necesidad de defender los derechos constitucionales y la libertad de prensa, alertando sobre las consecuencias de la persecución política y judicial para la institucionalidad y la democracia en el país.
