A días del 24 de marzo, la ONU alertó sobre políticas del Gobierno que ponen en riesgo el consenso construido tras la dictadura y el reclamo por los 30.000 desaparecidos.
A solo cuatro días de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, crece la preocupación dentro y fuera del país por el rumbo de las políticas de derechos humanos. Relatores de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que Argentina atraviesa “alarmantes retrocesos” en Memoria, Verdad y Justicia, en un contexto donde el recuerdo de los 30.000 detenidos desaparecidos vuelve a ocupar el centro de la escena.
Un legado construido sobre el horror
La última dictadura cívico-militar dejó una marca indeleble: secuestros, torturas, centros clandestinos y un plan sistemático de desaparición de personas que aún hoy sigue siendo investigado. Frente a ese horror, Argentina construyó un camino ejemplar a nivel global.
La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el histórico Juicio a las Juntas y la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo consolidaron una política de Estado que permitió juzgar a más de mil represores y recuperar la identidad de nietos apropiados.
Ese consenso, forjado durante décadas, es hoy el que aparece bajo amenaza.
Señales de retroceso
Los expertos internacionales advirtieron que el gobierno de Javier Milei no solo impulsa recortes institucionales, sino también un cambio discursivo que relativiza los crímenes del terrorismo de Estado.
Entre las medidas señaladas figuran el desmantelamiento de áreas clave de investigación, el debilitamiento de organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el vaciamiento de sitios de memoria que funcionan como prueba viva de lo ocurrido.
A esto se suma la preocupación por la circulación de narrativas que buscan equiparar responsabilidades o reinterpretar los hechos, en un contexto donde los organismos de derechos humanos insisten en que se trató de un plan sistemático de exterminio.
El peligro de reescribir la historia
La advertencia de la ONU fue contundente: intentar modificar el relato histórico o instalar discursos negacionistas constituye una violación a los derechos humanos.
En un país donde la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” se convirtió en un pilar democrático, cualquier retroceso en ese sentido enciende todas las alarmas. No se trata solo de una discusión simbólica, sino de la base sobre la que se construyó la democracia desde 1983.
A días del 24 de marzo
En la antesala de una fecha profundamente sensible, el clima es de inquietud. El 24 de marzo no es solo una conmemoración: es un recordatorio colectivo de lo que ocurrió cuando el Estado se convirtió en aparato represivo.
La advertencia internacional llega en un momento clave. Porque cuando se debilitan las políticas de memoria, lo que se pone en riesgo no es solo el pasado, sino la capacidad de una sociedad para evitar que el horror vuelva a repetirse.
