El Gobierno estira los plazos del DNU 941/25, bloquea las comisiones bicamerales y enfrenta un rechazo transversal por una reforma que concentra poder en inteligencia, debilita los controles democráticos y despierta temores de prácticas propias de etapas oscuras del Estado.

Mientras el Ejecutivo demora el envío del decreto al Congreso y frena la conformación de las comisiones bicamerales, la oposición y más de 20 organizaciones denuncian que la medida amplía facultades de inteligencia sin controles y vulnera garantías democráticas.

Todo indica que el Gobierno llevará al límite el plazo legal para remitir al Congreso el DNU 941/2025, el decreto con el que modificó de forma sorpresiva la Ley de Inteligencia Nacional y amplió las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo la posibilidad de realizar “aprehensiones” sin orden judicial. El plazo de diez días hábiles vence el próximo jueves 15 y, hasta ahora, el Ejecutivo no dio señales de acelerar el trámite.

En paralelo, tampoco hay avances en la integración de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, que deberían analizar el decreto una vez ingresado al Parlamento. Por el contrario, desde el oficialismo dejaron trascender que la estrategia será demorar su conformación durante todo el receso legislativo, incluso hasta el inicio de las sesiones ordinarias en marzo. La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son quienes deben impulsar ese proceso.

El DNU 941/25 fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 31 de diciembre por la tarde y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero. Entre sus puntos centrales, obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos de la población con la SIDE y habilita, por primera vez desde el retorno democrático, la posibilidad de detenciones sin que se definan con claridad los criterios ni los controles de esa facultad.

La reacción política fue inmediata. Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque de Diputados, Germán Martínez, rechazó el uso del decreto y cuestionó la inexistencia de necesidad y urgencia. El mismo día de su publicación presentó una nota reclamando la urgente constitución de las comisiones bicamerales para iniciar el análisis del texto. A ese rechazo se sumaron el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos.

La Coalición Cívica y el socialismo fueron un paso más allá. Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo judicial al considerar que el decreto no se limita a una reorganización administrativa, sino que introduce facultades punitivas propias del derecho penal, una materia reservada al Congreso. En la misma línea se expresó el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, cercano al gobernador Martín Llaryora, quien puso en duda la urgencia del decreto y señaló que podrían reunirse los votos para su rechazo.

Ni siquiera los aliados habituales del oficialismo, como el PRO y la UCR, expresaron un respaldo explícito. Ambos bloques plantearon la necesidad de estudiar el contenido en detalle, mientras que ningún gobernador salió públicamente a defender la medida. Ese aislamiento explica, según distintas fuentes parlamentarias, la decisión del Gobierno de dilatar los tiempos y apostar a que el rechazo pierda centralidad frente a otros temas de la agenda, como la reforma laboral.

La oposición, sin embargo, busca acelerar el debate. Una vez que el DNU ingrese formalmente al Congreso, correrán otros diez días hábiles para su análisis en comisión, aun cuando estas no estén constituidas. Ese plazo se cumpliría el 29 de enero, momento a partir del cual el decreto podría ser tratado en el recinto si se logra quórum, una posibilidad que no aparece lejana por el amplio nivel de rechazo.

En ese contexto, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CELS, Amnistía Internacional, Poder Ciudadano, Greenpeace y Fundación Huésped, denunciaron la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU. Advirtieron que debilita los controles democráticos, amplía la discrecionalidad estatal y rompe consensos básicos, y reclamaron al Congreso su rechazo. Además, el CELS presentó un amparo para frenar su aplicación, sumándose a las acciones judiciales ya iniciadas contra una de las reformas más controvertidas del inicio del año político.