El femicidio de la adolescente de 14 años volvió a exponer las fallas institucionales, el desmantelamiento de políticas de prevención y un clima cultural que relativiza la violencia de género.
Hay preguntas que aparecen cada vez que una mujer o una adolescente desaparece y un hombre las mata. No son preguntas nuevas, son las mismas que cada 3 de junio nos convocan a tomar la calle y que hoy parecen estar más vigentes que nunca.
¿Por qué la policía decidió no tomarle la denuncia a la familia de la víctima? ¿Por qué el agresor con antecedentes de violencia o abuso no estaba preso? ¿A quiénes proteje realmente la Justicia y por qué nuestro género es sinónimo de estar en peligro? ¿Hasta cuando se van a seguir preguntando qué hicimos para que nos maten o nos violen?
El femicidio de Agostina vuelve a exponer algo más profundo que los errores de una investigación. Una vez más puso sobre la mesa el accionar machista de una Justicia que todavía mira las desapariciones de mujeres con prejuicios de género y de clase. Porque no todas las búsquedas parecen tener la misma urgencia, no todas las familias reciben la misma respuesta. Parece que no todas las vidas valen lo mismo para quienes tienen la responsabilidad de actuar.
Las estadísticas muestran que la realidad va a contramano de las creencias del Presidente y sus secuaces. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, durante 2025 fueron asesinadas 219 mujeres en hechos de femicidio directos y vinculados. En el 83 por ciento de los casos existía un vínculo previo con el agresor. Agostina conocía al principal acusado por su asesinato. Su familia había aportado información concreta sobre esa relación y sobre los movimientos de la adolescente. En 2025, Barrelier secuestró, ató de pies y manos y desnudó a una chica de 20 años. Sin embargo, la policía decidió no escuchar a la familia de la víctima.
La demora en la activación de la Alerta Sofía, por la desaparición de Agostina, se transformó en uno de los principales cuestionamientos al accionar del fiscal Raúl Garzón. Más de 80 horas pasaron antes de solicitar una herramienta diseñada justamente para actuar frente a este tipo de denuncias. La indignación que generó el caso no nace solamente del horror del crimen, surge también de la sensación que hubo oportunidades para prevenir esta muerte. Mientras la familia buscaba desesperadamente a una adolescente, quienes debían coordinar la investigación estaban ocupados en señalar a la madre.
Las organizaciones feministas advierten desde hace tiempo que la violencia de género no puede analizarse por fuera del contexto político. Durante los últimos años se desmantelaron programas de asistencia, prevención y acompañamiento; se redujeron recursos destinados a las políticas de cuidado y se instaló desde el Estado nacional un discurso que cuestiona la existencia misma de las desigualdades de género.
Durante el gobierno de Javier Milei, la violencia contra las mujeres y las disidencias aumentó descontroladamente. No se trata solamente de un debate ideológico cuando es el propio presidente quien relativiza la violencia machista, ridiculiza las demandas feministas o presenta a la perspectiva de género como un “curro”.
El caso de Agostina nos obliga a preguntarnos como sociedad qué ocurre cuando una adolescente desaparece y quienes deben protegerla consideran su género como un condicionante para su búsqueda. Además, nos expone a revisar cuáles son los prejuicios que siguen operando dentro del sistema judicial, pero también pone en la mira las gravísimas consecuencias de un clima político que eligió convertir al feminismo en principal enemigo de la época, mientras a nosotras nos siguen matando y tirando en bolsas como si fuéramos basura.
Este 3 de junio, a once años del primer Ni Una Menos, el nombre de Agostina se suma a una infinita lista que nunca debió existir. Una vez más, el nombre de una piba vuelve a recordarnos que detrás de cada femicidio no hay solamente un agresor, hay un Estado completamente ausente.
