Más allá del número, lo que quedó en el centro del debate es la magnitud del cambio que introduce el proyecto sobre un régimen considerado estratégico para la protección de reservas de agua dulce y ecosistemas de alta montaña.

En una sesión atravesada por cruces reglamentarios, acusaciones de apuro y un clima enrarecido desde el inicio —con la intervención de activistas de Greenpeace en los palcos y denuncias de represión a la prensa— el Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares. El resultado: 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

Un texto modificado sobre la marcha

Uno de los puntos más cuestionados fue el procedimiento. Las modificaciones al proyecto se conocieron en el recinto, con el tratamiento ya iniciado. Incluso el senador libertario Luis Juez marcó la irregularidad al advertir que “el reglamento es la biblia”, en una frase que reflejó incomodidad interna.

La norma vigente —sancionada en 2010— establece restricciones a la actividad minera e hidrocarburífera en zonas glaciares y periglaciares. La reforma introduce cambios en los criterios de delimitación y en la definición de áreas alcanzadas por la prohibición, trasladando mayor margen de decisión a las provincias.

Para el oficialismo, se trata de “ordenar lo que no está ordenado”. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que proteger “no debe ser paralizar” y defendió la necesidad de actualizar la norma.

Sin embargo, voces críticas alertan que el proyecto flexibiliza estándares que hasta ahora estaban respaldados por criterios científicos y fallos judiciales. La mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió que el texto implica pasar de “un paradigma científico a uno discrecional abierto”, generando —según su planteo— un escenario de incertidumbre jurídica y ambiental.

Agua, minería y provincias: el corazón del conflicto

El eje de la discusión no es menor. Los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de agua dulce en un contexto global de crisis hídrica. La ley original buscó establecer un marco uniforme de protección. La reforma, en cambio, refuerza el rol provincial en la delimitación de áreas protegidas y habilita revisiones técnicas que podrían reducir superficies bajo resguardo.

Entre quienes acompañaron la iniciativa hubo legisladores peronistas como Lucía Corpacci y Sergio Uñac, además de bloques provinciales y radicales. Argumentaron que las provincias cuentan con capacidad técnica para resguardar sus recursos y que el nuevo esquema no implica “entregar el agua”.

Del lado opuesto, el interbloque Popular votó mayoritariamente en contra y cuestionó que la reforma abre la puerta a actividades extractivas en zonas antes vedadas. El rionegrino Martín Soria sostuvo que el proyecto “no tiene fines ambientales”, mientras que otros legisladores señalaron que la redacción deja márgenes amplios para interpretaciones futuras.

Un debate con impacto a largo plazo

La aprobación en el Senado representa sólo el primer paso: el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. Pero el mensaje político ya está dado. El oficialismo consiguió avanzar sobre una de las leyes ambientales más emblemáticas de las últimas décadas.

El contexto no es menor. La Argentina enfrenta tensiones fiscales y busca ampliar exportaciones vinculadas a la minería y la energía. En ese marco, la redefinición de los límites de protección en áreas glaciares adquiere una dimensión estratégica.

Especialistas en derecho ambiental advierten que la reforma podría abrir una nueva etapa de litigiosidad, tanto por la eventual contradicción con fallos previos como por la posible afectación de compromisos internacionales en materia ambiental.

Señales de alarma

La discusión sobre glaciares no es técnica ni abstracta: involucra la protección de reservas de agua en un escenario de cambio climático, el modelo productivo y la distribución de competencias entre Nación y provincias.

La forma en que se trató el proyecto —con cambios conocidos sobre la marcha y votación en un clima de fuerte confrontación— también deja interrogantes sobre la solidez del consenso alcanzado.

Más que una simple modificación normativa, la reforma de la Ley de Glaciares abre un capítulo de alto impacto ambiental, económico y jurídico. El debate recién comienza, pero las señales de alerta ya están encendidas.