La aparición de un listado de teléfonos oculto durante décadas y la polémica por un testigo remunerado vuelven a poner bajo la lupa las irregularidades que marcaron la causa desde sus inicios

A 32 años del atentado contra la AMIA, la investigación judicial vuelve a quedar atravesada por nuevas revelaciones sobre el papel que desempeñó la ex SIDE durante los primeros años de la causa. La aparición de documentación que nunca fue incorporada al expediente y la discusión sobre un testigo que recibió dinero para declarar reavivan las sospechas sobre las maniobras que contribuyeron a la impunidad del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994.

Los nuevos elementos surgieron durante el proceso de revisión y digitalización de los archivos desclasificados de inteligencia, una tarea impulsada desde hace años por los familiares de las víctimas. Entre la documentación apareció un listado de alrededor de 40 teléfonos que habría pertenecido a una agenda electrónica del vendedor de autos Carlos Telleldín, quien entregó la camioneta Trafic utilizada como coche bomba pocos días antes del atentado.

Un teléfono que nunca llegó a la Justicia

El documento, que no tiene identificación sobre su origen, nunca fue incorporado a la investigación judicial. Entre los números figura el de Ricardo Horacio Elía, conocido dentro de la comunidad islámica como Shamsudine Elía, señalado en distintas investigaciones como un hombre muy cercano a Mohsen Rabbani, considerado durante años uno de los principales acusados por el atentado.

El hallazgo reabrió una controversia judicial. La fiscalía había solicitado realizar una pericia caligráfica para comparar la firma de Elía con la del boleto de compraventa de la Trafic. Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas rechazó la medida al considerar que Elía declaró únicamente como testigo y que no podía utilizarse esa firma sin una imputación formal.

El informe también menciona otros movimientos que despertaron sospechas, entre ellos el retiro de valijas diplomáticas pocos días antes del atentado y la salida de Elía del país el mismo 18 de julio de 1994. Para los investigadores, el dato más relevante sigue siendo otro: esa información permaneció durante años dentro de los archivos de inteligencia sin haber sido puesta a disposición de la Justicia.

El testigo pago y las internas que marcaron la causa

Otro de los puntos que volvió a generar discusión es el denominado “Testigo A”, un ciudadano de origen iraní que antes del atentado ya afirmaba contar con información sobre grupos vinculados al ataque y exigía una suma de dinero a cambio de sus datos.

Tras el atentado, la SIDE aceptó pagarle con autorización judicial. Ese testigo fue el primero en mencionar a Salman El Reda, hoy uno de los principales sospechosos dentro de la acusación impulsada por la fiscalía. Sin embargo, el fiscal Sebastián Basso analiza dejar de lado ese testimonio debido a las irregularidades que rodearon su incorporación al expediente y al pago recibido.

Mientras avanza la preparación del futuro juicio en ausencia —que podría concretarse recién en 2028—, la revisión de los archivos continúa exponiendo nuevas irregularidades sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante la investigación. A más de tres décadas del atentado, las revelaciones vuelven a alimentar una pregunta que sigue sin respuesta: cuánto de la verdad permaneció oculto durante todos estos años.