El Gobierno firmó un DNU para autorizar maniobras conjuntas y evitar el debate parlamentario. Crecen las críticas por posible violación de la Constitución.
El presidente Javier Milei avanzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, en una decisión que reaviva la tensión institucional. Se trata del DNU 264/2026, una medida que elude el tratamiento en el Congreso, pese a que la Constitución establece que el ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizado por el Poder Legislativo.
La decisión abre un fuerte debate sobre los límites del uso de los DNU y el respeto por la división de poderes. Desde distintos sectores advierten que el Ejecutivo estaría legislando sobre una facultad exclusiva del Congreso, bajo un argumento de “urgencia” que, según los propios documentos oficiales, no se sostiene.
Una “urgencia” difícil de justificar
El Gobierno fundamentó el decreto en la necesidad de avanzar ante la falta de tratamiento del proyecto en Diputados. Sin embargo, los ejercicios —denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”— no son eventos imprevistos: su planificación se remonta a 2024, con acuerdos diplomáticos previos y un memorándum firmado en 2025.
Ese dato debilita el argumento oficial y refuerza la sospecha de que el DNU fue utilizado como herramienta para evitar el debate parlamentario sobre una decisión sensible en materia de defensa.
Despliegue militar y costos
El decreto autoriza un gasto superior a los 895 millones de pesos para financiar las maniobras. Entre los detalles del operativo se incluye la llegada de efectivos estadounidenses, el uso de aeronaves de gran porte y tecnología militar avanzada, además del tránsito de unidades navales de alto poder en aguas cercanas al país.
Las actividades se desplegarán en puntos estratégicos como bases navales y aéreas, e incluirán ejercicios con equipamiento de última generación.
Cuestionamientos políticos e institucionales
La medida también lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a otros ministros del gabinete, y fue presentada por el oficialismo como parte de una política de cooperación internacional.
Sin embargo, las críticas apuntan a algo más profundo: el uso del DNU en un área donde la Constitución fija límites claros. Para especialistas y dirigentes opositores, el caso podría sentar un precedente delicado, al habilitar que decisiones estratégicas en materia militar se tomen sin control legislativo.
En ese marco, el decreto no solo reactiva el debate sobre la política de defensa, sino también sobre el alcance del poder presidencial en un contexto donde la excepcionalidad parece convertirse en regla.
