Ministros y legisladores accedieron a préstamos millonarios en condiciones privilegiadas; Caputo los defendió como “legales y morales”, desatando críticas por favoritismo y desprolijidad en la banca pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner en jaque la imagen del Gobierno al defender la entrega de créditos hipotecarios por cientos de millones de pesos a funcionarios y legisladores libertarios, y llegar a calificarlos de “legales y morales”. Sus declaraciones, lejos de calmar la controversia, alimentaron la indignación pública y el cuestionamiento sobre la ética de la gestión.

“No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario”, aseguró Caputo, reconociendo que fue él quien “indujo” a miembros de su propio gabinete a solicitar préstamos en condiciones que ningún ciudadano común podría obtener, y remarcando que la maniobra “le conviene al país”.

Escándalo con nombres y montos

Entre los beneficiarios de estos préstamos se encuentran funcionarios de la órbita del propio ministro, como Federico Furiase y Felipe Núñez, así como legisladores libertarios que recibieron créditos de hasta 373 millones de pesos. Los números, que suman casi mil millones de pesos en total, contrastan con el discurso público del Gobierno sobre austeridad y control del gasto público.

Caputo intentó despejar dudas sobre la legalidad y moralidad del proceso, asegurando que “los funcionarios no tuvieron ninguna ventaja sobre el resto”. Sin embargo, la evidencia muestra que se otorgaron préstamos a personas cuya estabilidad laboral y vínculos institucionales hacen virtualmente imposible que cualquier ciudadano común acceda a condiciones semejantes, exponiendo una flagrante desigualdad y un uso cuestionable del poder público.

Denuncias y repercusiones

La Justicia y el Congreso ya comenzaron a actuar: la diputada Mónica Frade denunció posibles irregularidades y tráfico de influencias, mientras que el diputado Esteban Paulón solicitó informes a organismos oficiales sobre la intervención de funcionarios en la adjudicación de los créditos. La gravedad del caso no solo radica en los montos millonarios, sino en la aparente normalización de prácticas que concentran beneficios en pocos y dejan al resto de la población fuera de alcance.

Hipocresía y contradicciones

El escándalo se profundiza con las declaraciones de Caputo sobre la deuda: relativiza la preocupación por los créditos y asegura que “la mayoría de los países del mundo vive con deuda”, mientras promueve préstamos a funcionarios en un banco estatal, desoyendo los principios de equidad y transparencia que deberían regir la administración pública.

En paralelo, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vinculado a escándalos patrimoniales, minimizando su impacto y culpando a los medios por generar una “guerra” contra el Gobierno.

El episodio marca un nuevo capítulo en la serie de contradicciones del Ejecutivo: mientras promueve la austeridad y se jacta de impulsar la libertad económica, avala prácticas que concentran privilegios, generan sospechas de corrupción y agravan la desconfianza ciudadana en la política. La frase de Caputo, “vayan y saquen”, resuena ahora como un insulto a la ciudadanía que enfrenta la imposibilidad de acceder a condiciones similares y evidencia una desconexión alarmante entre los funcionarios y la realidad de la mayoría.