El jefe de Gabinete compró un departamento por USD 230 mil con un esquema irregular y sumó otra propiedad en el mismo mes. La Justicia investiga inconsistencias que no encajan con sus ingresos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una tormenta judicial que ya no gira en torno a sospechas aisladas, sino a un patrón de movimientos patrimoniales difíciles de explicar. La compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares expuso un esquema que, lejos de aclarar, abre más interrogantes.

Según los registros oficiales, las propias vendedoras del inmueble aparecen también como prestamistas del 87% del valor de la operación. Es decir, no solo vendieron la propiedad, sino que financiaron casi la totalidad de la compra. Un mecanismo atípico que, por sí solo, ya genera sospechas.

Un relato que se desarma: vendedoras que niegan y números que no cierran

Las mujeres que figuran como acreedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, fueron categóricas: dijeron no conocer a Adorni ni haberle prestado dinero. La contradicción es directa y deja al descubierto una operación que, en los papeles, no resiste el primer contraste con la realidad.

El dato se vuelve aún más grave cuando se cruza con el contexto: en noviembre de 2025, el funcionario también adquirió una casa en un country de Exaltación de la Cruz, mientras sus ingresos declarados apenas superaban los tres millones de pesos. La ecuación es simple: los números no cierran.

A eso se suma otro punto crítico: Adorni no informó la venta de su anterior propiedad en su declaración jurada, lo que alimenta las sospechas sobre posibles omisiones deliberadas.

La Justicia avanza y el cerco se achica

Frente a este escenario, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas al juez Ariel Lijo para reconstruir el patrimonio del funcionario. El objetivo es claro: detectar bienes no declarados y determinar si hubo enriquecimiento ilícito.

Los pedidos incluyen informes sobre propiedades, vehículos y movimientos financieros, en una causa que ya no se limita a una operación puntual, sino que busca trazar un mapa completo de su crecimiento patrimonial.

En paralelo, el caso golpea de lleno en el discurso del gobierno de Javier Milei, que hizo de la transparencia una bandera. Hoy, uno de sus funcionarios más cercanos enfrenta una investigación donde las inconsistencias no son menores ni aisladas.

La historia recién empieza a desplegarse. Pero hay algo que ya quedó claro: cuando los papeles contradicen las explicaciones, el problema deja de ser político y pasa a ser judicial.