El gobernador pidió prudencia tras la decisión de la Justicia de EE.UU. y cuestionó al Presidente por celebrar un resultado que, aseguró, valida la política energética de 2012.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a fijar posición tras el fallo de la Justicia estadounidense por YPF y dejó en claro el eje de la discusión: la resolución que hoy evita una condena millonaria contra la Argentina es, en esencia, una validación de la estatización impulsada en 2012.

Desde La Plata, Kicillof calificó el fallo como “sorpresivo” y llamó a la prudencia, en contraste con la reacción del presidente Javier Milei, a quien cuestionó por celebrar el resultado mientras desacredita la decisión política que lo hizo posible.

La estatización que hoy sostiene la defensa argentina

El núcleo del planteo del gobernador es directo: sin la recuperación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy la Argentina no tendría argumentos sólidos frente a los reclamos internacionales.

Kicillof recordó que, antes de la estatización, la empresa había sido vaciada bajo gestión privada, con caída de la producción y desinversión sistemática. Según detalló, ese modelo implicaba pérdidas cercanas a los 12 mil millones de dólares anuales y un deterioro que impactaba de lleno en la economía.

La recuperación, en cambio, permitió revertir esa tendencia: aumento de la producción de petróleo y gas, impulso a Vaca Muerta y un cambio en la balanza energética. “Era imprescindible revertir esa situación”, insistió, al defender una medida que —diez años después— encuentra respaldo incluso en tribunales extranjeros.

Milei, el festejo y una contradicción difícil de sostener

El contraste aparece en la reacción del Gobierno nacional. Mientras Milei celebró el fallo como un logro propio, Kicillof advirtió que se trata de una apropiación política de un proceso que el oficialismo actual siempre cuestionó.

“Darle la razón a quienes querían quedarse con YPF es riesgoso”, lanzó el gobernador, en referencia a los fondos que litigaron contra el país. La frase apunta a una tensión más profunda: la distancia entre el discurso privatizador del Gobierno y un fallo que, en los hechos, respalda una decisión estatal.

Kicillof también dejó una advertencia hacia adelante. Sostuvo que las privatizaciones “a cualquier precio” ya demostraron sus consecuencias en los años 90 y alertó sobre los efectos de repetir ese camino en el presente.

El fallo, todavía lejos de cerrar definitivamente el litigio, reordena algo más que un expediente judicial. Vuelve a poner en discusión qué modelo energético se defiende y quién se beneficia de esas decisiones. Y en ese terreno, la disputa política queda expuesta sin matices.