Los dispositivos de los intermediarios del criptoactivo ya estaban en la Justicia en mayo de 2025, pero el análisis recién se ordenó después de las elecciones bonaerenses.

El escándalo por el criptoactivo $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que trascendiera que el fiscal Eduardo Taiano demoró durante meses el análisis de teléfonos y computadoras que contenían información clave para la investigación. Se trata de los dispositivos del trader Mauricio Novelli y del exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, señalados como intermediarios en la trama del token.

Según consta en la causa judicial, esos dispositivos fueron secuestrados el 6 de marzo de 2025 durante allanamientos realizados en los domicilios de los involucrados y en la sociedad Tech Forum SRL. Apenas seis días después, la jueza María Servini autorizó la extracción forense de toda la información a través de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Sin embargo, aunque la información ya estaba en poder de la Justicia en mayo de ese mismo año, el análisis recién fue ordenado el 9 de septiembre, dos días después de las elecciones legislativas bonaerenses.

Un peritaje clave que quedó meses sin analizar

Entre el 28 de marzo y el 9 de mayo de 2025, la DATIP envió a la Justicia los discos externos con todo el material extraído de los dispositivos. Es decir, el contenido que hoy compromete a varios actores del caso ya estaba disponible para su estudio desde ese momento.

Pese a ello, el fiscal Taiano mantuvo el material sin analizar durante más de cuatro meses. Recién tras los comicios bonaerenses dispuso avanzar con el estudio de la información.

La ejecución de esa orden también sufrió demoras adicionales: la medida recién se concretó el 6 de octubre, debido a que las partes debían presentar propuestas sobre el análisis y a que el expediente cambió de juzgado, pasando a manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El informe preliminar que no se informó a las partes

Otra de las polémicas surgió cuando se supo que el fiscal había recibido un informe preliminar del peritaje el 17 de noviembre de 2025, pero no lo comunicó a las querellas ni a las defensas.

La situación salió a la luz a partir de una publicación de la periodista y abogada Natalia Volosin, quien reveló que en ese material aparecía un borrador de acuerdo que involucraría al presidente Javier Milei con el impulsor del token, Hayden Davis.

Según el documento citado en la investigación periodística, habría existido un acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al apoyo del mandatario al lanzamiento del criptoactivo.

Un archivo que compromete al entorno presidencial

Entre los archivos encontrados en el celular de Novelli figura un documento fechado el 11 de febrero de 2025, tres días antes del tuit con el que Milei promocionó el token $LIBRA.

El texto describe un supuesto acuerdo que incluía pagos escalonados por la promoción del proyecto: 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones tras un anuncio público del Presidente y 2 millones adicionales vinculados a un contrato de asesoría en blockchain y tecnología.

El contenido también menciona reuniones con el mandatario y con su hermana, Karina Milei, además de contactos directos entre Novelli y el entorno presidencial antes y después del lanzamiento del criptoactivo.

Pedidos para apartar al fiscal

Las demoras en el análisis de la prueba provocaron fuertes cuestionamientos de las querellas. El denunciante Gregorio Dalbón y el dirigente social Juan Grabois reclamaron cambios en la conducción de la investigación.

Grabois incluso solicitó al procurador interino Eduardo Casal que se designe un equipo de fiscales para intervenir en el expediente, al sostener que Taiano estaría “ocultando pruebas”.

Mientras tanto, el material completo del peritaje recién fue puesto a disposición de las partes el 13 de marzo, casi un año después del secuestro de los dispositivos. Las revelaciones profundizan el escándalo judicial y político alrededor del caso $LIBRA y del posible vínculo del gobierno con el proyecto cripto.