La administración bonaerense atravesó una jornada de alto impacto político y social. El paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense dejó escuelas sin clases y oficinas públicas con funcionamiento reducido, justo el día previsto para el inicio del ciclo lectivo.

Por primera vez desde su asunción en diciembre de 2019, el gobernador Axel Kicillof enfrentó un paro unificado de todos los gremios docentes que impidió el arranque de las clases en la provincia. El quiebre de las negociaciones salariales precipitó la medida de fuerza, pese a que el Gobierno había convocado a una nueva reunión paritaria para esta semana.

Reclamos salariales y fondos en disputa

Los sindicatos rechazaron la última propuesta oficial al considerar que no compensa la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Exigieron una reapertura inmediata de paritarias, una recomposición urgente y la restitución de fondos nacionales.

En el caso docente, el reclamo incluyó la restitución del Fondo de Incentivo Docente. En paralelo, los estatales movilizaron hacia el Puente Pueyrredón junto a la CTA Autónoma, en una protesta que combinó demandas salariales con críticas a la política económica del presidente Javier Milei.

Malestar coordinado y escenario abierto

La jornada dejó en evidencia un malestar transversal en la administración pública y una coordinación sindical que confluyó en un reclamo común por ingresos y financiamiento. El impacto político no es menor: el inicio de clases frustrado golpea una de las fechas más sensibles del calendario provincial.

Ahora, la continuidad de las negociaciones será determinante. Si no hay una oferta que logre acercar posiciones, el conflicto podría escalar y derivar en nuevas medidas de fuerza. Si, en cambio, se alcanza un entendimiento en los próximos días, el Gobierno buscará desactivar un frente que, por primera vez en años, logró paralizar el comienzo del ciclo lectivo en la provincia más grande del país.