Patricia Bullrich convocó a empresarios de medios al Senado mientras el oficialismo impulsa la derogación de una ley clave que protege a los trabajadores de prensa frente a presiones políticas y económicas.

El Gobierno nacional convocó para la semana próxima a los dueños de los principales medios de comunicación en la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral, que incluye la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. El llamado fue realizado por la senadora oficialista Patricia Bullrich a través de las entidades que agrupan a editores de todo el país y la reunión está prevista para el miércoles en el Senado, según confirmaron fuentes oficiales.

La convocatoria se inscribe en la estrategia de reparto de tareas del oficialismo para garantizar apoyos a una reforma profundamente regresiva. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca el respaldo de los gobernadores con promesas de fondos y eventuales cambios impositivos, Bullrich quedó a cargo de los contactos con la CGT —aún sin resultados— y ahora con los empresarios periodísticos, principales interesados en eliminar derechos laborales históricos del sector.

En septiembre pasado, El Destape reveló que el Gobierno de Javier Milei, a pedido del Grupo Clarín, había impulsado la derogación del Estatuto del Periodista en el Consejo de Mayo. Aunque en ese ámbito la CGT rechazó la propuesta, el proyecto de reforma laboral finalmente incorporó la eliminación de varios estatutos especiales, entre ellos el de prensa, que prevé indemnizaciones agravadas para despidos sin causa como resguardo frente a presiones editoriales, políticas y económicas.

La ley, vigente desde 1946, establece jornadas laborales, descansos, categorías profesionales, salarios y mecanismos de estabilidad. El punto más resistido por las patronales es justamente el referido a la estabilidad, que reconoce la particular vulnerabilidad del periodismo frente a los poderes de turno. En caso de despido injustificado, el Estatuto obliga a indemnizaciones adicionales que hoy los grandes grupos buscan eliminar.

La avanzada oficial despertó un rechazo unánime de sindicatos y asociaciones de periodistas, pero también un llamativo silencio de las cámaras empresarias y de los funcionarios encargados de defender la reforma. La reunión, organizada con extrema reserva, refuerza las sospechas: el Gobierno discute a puertas cerradas cómo debilitar a la prensa, mientras proclama libertad y transparencia.