El Gobierno tomó la conducción total de una terminal estratégica en plena temporada alta, desplazó a autoridades provinciales y, días después, aterrizó un avión del Departamento de Defensa de EE.UU.

El Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia el 20 de enero mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que depende del Ministerio de Economía. La medida, presentada como una intervención “administrativa” y de “infraestructura”, implicó en los hechos la toma del control total de una de las terminales más estratégicas del país, en pleno pico de actividad turística y logística. A menos de una semana, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, sumando un elemento inquietante a un escenario ya cargado de tensión política y geopolítica.

La ANPyN desplazó a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego y mantuvo la operatoria con un grupo reducido de empleados nacionales. Aunque no se designó formalmente un interventor, el rol quedó en manos del sindicalista Juan Avellaneda, referente de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) fueguina, quien además fue el denunciante que impulsó la intervención y actúa como nexo con el titular del organismo, Iñaki Arreseygor.

El argumento central del Gobierno se apoya en una auditoría realizada en octubre de 2025, que detectó presuntas fallas de seguridad, falta de inversión y posible desvío de fondos. El detonante político fue la Ley provincial 1.596, que habilitaba usar recursos portuarios para la obra social estatal, aunque nunca se aplicó. Desde la provincia admiten préstamos al Ejecutivo fueguino por $4.200 millones, pero los definen como inversiones reintegrables, con intereses y garantías.

El gobernador Gustavo Melella calificó la intervención como un avasallamiento al federalismo. Sostiene que el puerto funciona con normalidad, prueba de ello es que la medida se tomó cuando ya se había atendido más de la mitad de las 540 recaladas previstas de cruceros, en su mayoría antárticos.

El puerto de Ushuaia es clave: maneja casi 700 buques al año, un presupuesto de $22.000 millones y concentra el 90% del tráfico marítimo hacia la Antártida. La decisión de intervenirlo, sumada a la falta de transparencia y a movimientos externos sensibles, enciende una señal de alerta que excede largamente una disputa administrativa.