El Gobierno debió frenar su intención de acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y resolvió postergar el debate para febrero, ante la falta de respaldo político suficiente. La decisión fue comunicada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, antes de que se firmara el dictamen en comisión, y marcó un nuevo traspié legislativo para la Casa Rosada.

Bullrich confirmó además que el 26 de diciembre se convocará a sesión para tratar el Presupuesto 2026 junto con el proyecto de Inocencia Fiscal, ambas iniciativas con media sanción de Diputados. La postergación de la reforma laboral y de la modificación de la Ley de Glaciares llegó luego del conflicto que se desató en la Cámara baja, donde la oposición logró voltear un capítulo clave del Presupuesto que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, normas que ya habían sido ratificadas por el Congreso pese al rechazo del Ejecutivo.

En ese contexto, la ex ministra de Seguridad anticipó que el Gobierno impulsará una nueva tanda de sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con la intención de retomar el tratamiento de las reformas pendientes. Las fechas no son un dato menor: en el Congreso interpretan que la oposición podría condicionar cualquier avance legislativo a la promulgación efectiva del Presupuesto, sin vetos parciales.

Bullrich debió trasladarse a la Casa Rosada mientras la CGT se movilizaba en Plaza de Mayo, luego de encabezar durante la mañana una nueva reunión informativa sobre la reforma laboral. Allí se reunió con la mesa política del oficialismo para exponer el clima adverso que se había instalado en el Senado tras los cruces en Diputados.

El pedido de postergar el debate cayó como un golpe inesperado incluso dentro del propio oficialismo, que se preparaba para dictaminar tras tres jornadas informativas. Para febrero, admiten en el Senado, el escenario político será distinto: el vínculo con los aliados dialoguistas quedó resentido luego del armado de las comisiones, que dejó al peronismo relegado.

Mientras tanto, a la conducción de la CGT le llegó la confirmación de que el debate se caía porque el Gobierno no lograba garantizar los votos necesarios. El malestar de los bloques dialoguistas no solo se explica por el episodio del Presupuesto, sino también por el acuerdo sellado durante la madrugada para definir los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), fruto de un entendimiento entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo que generó fuerte ruido político.

Según fuentes legislativas, Bullrich también reunió este jueves a los 43 senadores que permitieron al oficialismo conformar la mayoría en las comisiones. En ese encuentro —del que estuvo ausente la rionegrina Lorena Villaverde, quien permaneció en Diputados— se discutieron los puntos más conflictivos del proyecto de reforma laboral.

Representantes del PRO, la UCR y los bloques provinciales cuestionaron la falta de precisión sobre el 3% destinado a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que impacta directamente en la ANSES, ya que implica recursos que el organismo previsional dejaría de percibir. También objetaron el paquete de derogaciones de leyes y estatutos, y reclamaron que esos cambios sean retirados del proyecto para debatirse por separado.

Durante el plenario de comisiones, el peronismo volvió a denunciar irregularidades en la conformación de los espacios de trabajo. El jefe del bloque, José Mayans, sostuvo que a Unión por la Patria le “robaron” dos lugares por comisión en función de una distribución que, afirmó, no respeta la proporcionalidad parlamentaria.

En el Salón Azul, Mariano Recalde y Jorge Capitanich expusieron una crítica integral al proyecto oficial y delinearon una propuesta alternativa que podría transformarse en dictamen de minoría si se normaliza la integración de las comisiones.

Desde la UCR, el jefe del bloque Eduardo “Peteco” Vischi confirmó que los radicales firmarán en disidencia y respaldó la postergación del debate hasta febrero. El PRO, conducido por Martín Goerling, también había anticipado que acompañaría el dictamen oficial con objeciones.

Con este escenario, el Senado continuará este viernes con el tratamiento en comisión del Presupuesto 2026, con la intención de emitir dictamen sin cambios y convertirlo en ley en una sesión prevista para el 26 de diciembre, un día después de Navidad.

En los pasillos del Congreso circuló la versión de que el Gobierno intentó presionar para reincorporar el capítulo que derogaba las leyes de discapacidad y financiamiento universitario. Desde la oposición, sin embargo, dejaron en claro que no hay margen para esa modificación y que el Presupuesto será aprobado tal como llegó desde Diputados. La última palabra, anticipan, quedará en manos del presidente Javier Milei, que deberá decidir si lo promulga o lo veta.