En una de las jornadas legislativas más intensas de los últimos años, el Senado de Mendoza aprobó por amplia mayoría el regreso de la minería metalífera, una actividad que llevaba 14 años frenada en la provincia. Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Legislatura avaló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto San Jorge, en Uspallata, dando luz verde a la que será la primera gran explotación de cobre en Argentina en más de una década. Sin embargo, la votación estuvo lejos de la calma: miles de manifestantes, vallas, cortes de calles y un clima que volvió a poner en el centro la histórica disputa mendocina entre agua y minería.

El oficialismo provincial —encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo— festejó la aprobación como un paso decisivo para la diversificación productiva y la generación de empleo, pero aseguró que la medida “no es un cheque en blanco”. A la vez, distintas organizaciones socioambientales advirtieron que la decisión implica un “quiebre institucional” y representa el mayor retroceso desde aquellas jornadas de 2019 en las que la movilización ciudadana logró frenar modificaciones a la Ley 7722, corazón jurídico de la defensa del agua en la provincia.

El paquete aprobado no solo habilita San Jorge. También incluye el Distrito Minero Occidental II, con 27 proyectos potenciales, la creación del Fondo Compensador Ambiental y una nueva regulación del Régimen de Regalías Mineras. En paralelo, desde distintos puntos de la provincia —Uspallata, Valle de Uco, San Rafael, Lavalle— confluyeron columnas de manifestantes que volvieron a llenar la Plaza Independencia bajo la consigna: “El agua de Mendoza no se negocia”. Aunque la movilización fue menor a la de 2019, el despliegue de 500 policías, vallados y cortes masivos mostraron el nivel de tensión que rodea al avance minero.

El presidente Javier Milei celebró la aprobación y presionó públicamente para que la Legislatura diera luz verde al proyecto. Desde sus redes, destacó que San Jorge representa una inversión estimada de USD 600 millones y la generación de 4.000 empleos en la construcción, pudiendo comenzar a operar en 2028. Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo, acusándolo de “estar siempre en contra del sector privado y del progreso”, en sintonía con el discurso que intenta posicionar a la minería como motor de la “nueva Argentina productiva”.

Dentro del recinto, el voto afirmativo no fue homogéneo pero sí mayoritario. La senadora oficialista Natacha Eisenchlas (UCR) defendió la iniciativa al afirmar que Mendoza “necesita empleo” y que en Uspallata “más del 30% de los habitantes es pobre”. Argumentó además que el proyecto usará “90% de agua reciclada en un circuito cerrado”. Desde espacios opositores que igualmente acompañaron, como La Unión Mendocina, se insistió en que la provincia “está estancada” y no puede seguir postergando oportunidades productivas. En contraposición, sectores ambientalistas, el Partido Verde y parte del PJ rechazaron la votación, señalando que el modelo minero no garantiza protección hídrica ni beneficios económicos reales para la población.

Uno de los puntos más debatidos fue el rol del Fondo Compensador Ambiental, mecanismo que buscará financiar acciones de restauración, mitigación o respuesta ante emergencias ecológicas. Estará financiado por multas, tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes de las DIA, créditos y donaciones. Para el gobierno, se trata de una herramienta central para reforzar los controles; para los críticos, solo un paliativo que no resuelve los riesgos estructurales de la minería metalífera.

La ministra de Energía, Jimena Latorre, defendió que San Jorge superó “más de 20 informes favorables” y que su DIA deberá actualizarse cada dos años. Ratificó que la aprobación legislativa no implica una carta libre para la empresa y que “cada etapa de explotación deberá superar estrictos controles”. Pese a ello, las organizaciones socioambientales advierten que los mecanismos de control del Estado provincial han demostrado limitaciones y que la megaminería representa un riesgo para los recursos hídricos en una provincia históricamente seca.

Con el Senado ya definido, aún resta discutir tres iniciativas clave: las regalías mineras y las declaraciones de impacto ambiental de Malargüe Distrito Minero y del propio PSJ Cobre Mendocino en su fase final. La provincia ingresa así en un nuevo capítulo de un debate que parece nunca cerrarse: ¿la minería es la salida para el desarrollo económico mendocino o una amenaza para su matriz hídrica y su identidad productiva? Para algunos, se abre una oportunidad histórica; para otros, comienza un riesgo irreversible. En todo caso, la decisión ya está tomada: la minería vuelve a Mendoza, pero la disputa social y política recién empieza.