El tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal e Impositiva avanzó en la Legislatura bonaerense, pero el punto más sensible —el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo— volvió a frenar el acuerdo político.
Aunque oficialismo y oposición destrabaron los dictámenes principales, los bloques coincidieron en que aún falta un entendimiento claro sobre el financiamiento que el gobernador Axel Kicillof reclama para sostener obra pública, salud y educación en un contexto atravesado por los recortes nacionales. La discusión se retomará el martes 25, con la sesión convocada para el miércoles 26.
Desde Unión por la Patria, la postura fue mostrar unidad interna y una defensa cerrada del paquete completo. Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman remarcaron que el financiamiento es indispensable para evitar que se paralicen políticas estratégicas, mientras que el diputado Gustavo Pulti endureció su mensaje: denunció que algunos bloques “acompañan una parte, pero bloquean la herramienta central”, lo que —según planteó— perjudica a los 17,5 millones de bonaerenses y a los 135 municipios que dependen de obras, rutas, seguridad y salud. El legislador también reivindicó el ordenamiento financiero de la Provincia y contrastó la gestión económica bonaerense con la política nacional de Milei y Caputo.
En la vereda opositora, el eje común es claro: los municipios y la presión impositiva. El radicalismo de UCR–Cambio Federal llevó un dictamen propio en el que exigió la eliminación de Ingresos Brutos para billeteras virtuales, un tope al inmobiliario de baldíos y, sobre todo, un fondo municipal de $600 mil millones de libre disponibilidad. Su argumento es que no pueden avalar un endeudamiento sin saber “cuándo, cómo y para qué” se tomarán los créditos, y sin reglas claras para los intendentes. El bloque Nuevos Aires y Somos Buenos Aires coincidieron en el diagnóstico: avalaron Presupuesto e Impositiva, pero reclamaron corregir el financiamiento para incluir a los gobiernos locales y evitar impactos sobre los sectores más vulnerables.
El PRO endureció su discurso y acusó al Ejecutivo de “falta de diálogo”, advirtiendo que la Legislatura “no es una escribanía de Kicillof”. Su propuesta apunta a un modelo de menor carga impositiva, recortando alícuotas a sectores productivos y exigiendo un fondo municipal transparente para habilitar el endeudamiento. A su vez, Unión y Libertad acompañó los dictámenes principales, pero pidió “transparencia absoluta” y una revisión del uso del crédito antes de votar a favor.
En el otro extremo, el Frente de Izquierda rechazó el paquete completo, calificándolo como el “más regresivo” desde el inicio de la gestión Kicillof. La diputada Laura Cano denunció un Presupuesto de ajuste, criticó la declaración de emergencia económica como un esquema de “superpoderes” y cuestionó que el endeudamiento se destine a cubrir pasivos previos. Además, planteó que no hay respuestas para trabajadores precarizados ni para el sistema de salud, y que el congelamiento inmobiliario beneficia a sectores concentrados.
Con posiciones firmes y demandas cruzadas, el tablero político muestra un punto en común: el endeudamiento se convirtió en la verdadera moneda de negociación. El oficialismo busca blindar la gestión en un año crítico; la oposición condiciona su apoyo a más alivio impositivo y fondos para los municipios. La discusión, lejos de cerrarse, vuelve a la mesa con un interrogante central: ¿habrá acuerdo el 25 o se repetirá el bloqueo del año pasado?
