En su habitual conferencia de los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a colocar el freno en la Cuenca del Salado en el centro del conflicto. “Hay fondos, pero no los ejecuta”, dijo en referencia al gobierno de Javier Milei.
La discusión por la obra pública volvió a tensar la relación entre Provincia y Nación. En su habitual conferencia de los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a colocar el freno en la Cuenca del Salado en el centro del conflicto. “Hay fondos, pero no los ejecuta”, dijo en referencia al gobierno de Javier Milei, al tiempo que describió un escenario económico provincial condicionado por recesión, caída del consumo y endeudamiento familiar creciente.
Bianco habló acompañado por Juan Cuattromo (Banco Provincia) y Cristian Girard (ARBA), dos funcionarios claves para leer el pulso financiero y fiscal del territorio más poblado del país. La síntesis fue directa: las familias ya no llegan a fin de mes y usan crédito para comprar comida. Ese dato –sencillo y brutal– funciona como eje sobre el cual se ordena el resto de la exposición.
La agenda de Axel Kicillof, entretanto, no se detiene: inauguraciones sanitarias en Florencio Varela, entrega de viviendas en Saladillo y recorridas de seguridad en Azul y Escobar. En cada parada, la Provincia insiste con una narrativa de gestión territorial y presencia estatal, en contraste con la estrategia de reducción del gasto que impulsa la Casa Rosada.
Pero el punto más áspero fue la situación de la Cuenca del Salado, obra estructural que lleva décadas de avances y retrocesos. Bianco sostuvo que la etapa 5 no puede iniciarse porque la Nación congeló la etapa 4, y los organismos internacionales no liberan financiamiento hasta que ese tramo esté finalizado. “El dinero está. Lo que falta es decisión política”, marcó el funcionario. La Provincia recuerda que durante la gestión de Kicillof se concretaron los mayores avances de dragado en años, y que los 33 kilómetros restantes permitirían recuperar casi tres millones de hectáreas productivas.
La respuesta ante las inundaciones, aseguró, se sostiene desde La Plata: declaraciones de emergencia, beneficios impositivos, maquinaria, subsidios, refuerzos para municipios. Mientras tanto, del lado nacional, el Fondo de Infraestructura Hídrica acumula recursos sin ejecutar y el Ministerio de Economía mantiene casi un billón de pesos subejecutados.
La conferencia también dejó un diagnóstico económico más amplio. Según datos de CISEC, Pulso PBA y consultoras privadas, la actividad industrial y el consumo cayeron, mientras que los salarios quedaron por detrás de la inflación. El endeudamiento de los hogares se disparó: 19,5 millones de personas tienen crédito y la morosidad es la más alta desde 2005. La fotografía laboral no mejora: la construcción perdió 120.000 empleos por el freno de la obra pública y la industria se retrae en sectores estratégicos como el automotriz y la metalmecánica.
El cierre fue conceptual y político: “La recesión no es un dato técnico, es una experiencia diaria. Cada vez más bonaerenses tienen que elegir entre comer o pagar la tarjeta.” La Provincia, aseguró Bianco, mantendrá programas, asistencia y presencia territorial. No como consigna: como marco de disputa de poder.
