El Gobierno avanza con una reforma que elimina derechos laborales en las residencias médicas. Médicos en formación denuncian precarización y alertan sobre el riesgo de colapso en el sistema de salud pública.

En medio del conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan, el Ministerio de Salud de la Nación anunció una reforma profunda del sistema nacional de residencias pediátricas. Lejos de ofrecer mejoras, la medida elimina el régimen de salarios y derechos laborales, y lo reemplaza por un sistema de becas precarizadas. La decisión generó una ola de indignación entre profesionales y médicos en formación.

¿Qué implica la reforma del Ministerio de Salud?

A través de un comunicado oficial, la cartera liderada por Mario Lugones informó que los nuevos residentes deberán optar entre dos modalidades: “beca Institución” o “beca Ministerio”.

En ambos casos, el residente deja de percibir un sueldo en blanco. Con la beca Institución, el contrato es directo con el hospital, sin aportes ni cargas sociales. La entidad asume los seguros, pero no hay aportes jubilatorios ni obra social garantizada. En la beca Ministerio, el contrato es con la Nación, incluye descuentos previsionales, pero mantiene las mismas carencias estructurales.

¿Qué consecuencias tiene para los profesionales?
La reforma representa un retroceso alarmante en derechos laborales. Los residentes denunciaron que ya no accederán a obra social, aguinaldo, licencias ni reconocimiento de antigüedad. “A cambio, recibiremos un estipendio. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, advirtieron en un comunicado público.

También criticaron que el Gobierno pretenda suplir la retribución con prestigio institucional. “Nos dicen que con el sello Garrahan alcanza, como si el prestigio pagara alquiler, comida o salud. Como si las guardias interminables y las responsabilidades clínicas se compensaran con un aplauso”, señalaron con dureza.

¿Qué se pone en juego con esta reforma?
Médicos y especialistas coinciden en que no se trata solo de un ajuste. Está en riesgo el sistema público de formación médica, históricamente reconocido por su excelencia. “Esto no es solo un ataque a los residentes. Es un intento de destruir el sistema de residencias y precarizar aún más la salud pública”, concluyeron con preocupación.