Mientras Milei busca militarizar la seguridad interior, un grave hackeo expuso datos sensibles de 50.000 efectivos del Ejército.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva tormenta. Esta vez, por un presunto hackeo al Ejército Argentino que habría dejado al descubierto información crítica de 50.000 militares. El incidente informático ocurre en medio del plan oficial para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que multiplica las alertas sobre ciberseguridad en organismos estratégicos del Estado.
El Ejército emitió un escueto comunicado el martes. Allí reconoció haber recibido “una serie de alertas sobre un incidente de seguridad en etapa de investigación”. Aclararon que los datos vulnerados tendrían “carácter administrativo” y que “no comprometerían las capacidades operativas”. Pero esa explicación no logró calmar el revuelo que se desató entre expertos en defensa, funcionarios opositores y en sectores del propio oficialismo.
La preocupación se disparó tras una denuncia de Birmingham Cyber Arms. Este grupo, especializado en alertar sobre ciberataques, informó que hackers estaban vendiendo información personal de 50.000 agentes del Ejército. Entre los datos filtrados figurarían DNI, domicilios, viajes, títulos académicos, destinos asignados y vínculos familiares. Una posible catástrofe en términos de seguridad nacional.
Según Infobae, el Ejército habría recibido un correo anónimo advirtiendo sobre el hackeo. En ese mensaje se afirmaba que los autores tenían en su poder bases de datos completas del personal militar argentino. La gravedad del hecho radica no solo en la cantidad de datos comprometidos, sino también en el contexto en que ocurre.
Silencio oficial, alarma interna
Una fuente del Ministerio de Defensa, que prefirió no revelar su identidad, confirmó que el hackeo existió. “Hace tres semanas entró un ransomware, pero recién ahora lo hacen público”, reveló. Otra voz cercana al Edificio Libertador sumó: “Desde que vendieron el edificio de Ciberdefensa, están funcionando a media máquina. Las bases de datos quedaron vulnerables. Encima, con la desinversión actual, es imposible hacerle frente a una amenaza de este nivel”.
Pese a la magnitud del hackeo, el comunicado del Ejército no dio mayores precisiones. Solo mencionó que se pidió la intervención del Poder Judicial. Sin embargo, hasta ahora no hay información pública sobre una causa judicial en trámite. Extraoficialmente, se supo que el 8 de mayo se habría hecho una denuncia ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal.
Mientras tanto, las señales que emite el ministro de Defensa, Luis Petri, parecen desconectadas del escándalo. Esta semana viajó a Salta junto a legisladores libertarios y destacó en sus redes la “Operación Roca”, una misión para custodiar las fronteras con presencia militar. Lo hizo sin mencionar el hackeo ni sus posibles consecuencias sobre la moral y seguridad de las tropas desplegadas.
Ciberdefensa bajo la lupa
El hackeo volvió a poner en escena a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reflotada por decreto de Milei en 2023. Bajo su órbita funciona la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), encabezada por Ariel Waissbein. Este organismo debería prevenir intrusiones como la que golpeó al Ejército. Sin embargo, hasta ahora, no hubo pronunciamiento ni medidas públicas desde ese frente.
La AFC fue creada con el objetivo de proteger las bases de datos del Estado. En los últimos años, varios organismos nacionales sufrieron hackeos graves: Renaper, CNV, INTA, PAMI y Seguridad Vial, entre otros. Ahora, con las Fuerzas Armadas como blanco, se confirma la debilidad estructural del sistema informático estatal.
Expertos alertan que el daño causado por este hackeo podría escalar si los datos vendidos en la dark web terminan en manos de grupos criminales o agencias extranjeras. El vacío en la respuesta institucional alimenta las sospechas sobre el nivel real del compromiso del Gobierno con la ciberseguridad.
La polémica por el uso militar interno
El contexto político agrava el impacto del hackeo. En paralelo a la crisis de datos, el Gobierno impulsa el uso de las Fuerzas Armadas para combatir delitos comunes, especialmente en zonas de frontera. La “Operación Roca” incluye detenciones de civiles por parte de militares, una práctica cuestionada por la ley de Seguridad Interior.
Varias voces de peso salieron a criticar esta política. El diputado Ricardo López Murphy, presidente de la comisión de Defensa, y el exministro Agustín Rossi, coincidieron en que esta estrategia es “violatoria de las leyes vigentes” y “pone en riesgo a personal no capacitado para tareas policiales”. Rossi fue aún más allá: “En un mundo que refuerza sus ejércitos, acá los quieren convertir en policías”.
El uso político de las Fuerzas Armadas en plena crisis por el hackeo alimenta el debate sobre los límites legales, éticos y estratégicos de esta decisión. Mientras se expone la fragilidad cibernética del Ejército, se le asignan tareas de seguridad interna que demandan preparación, equipamiento y legitimidad social.
Un sistema en riesgo
El hackeo al Ejército podría ser el más grave desde el ataque al Renaper. Su impacto no solo es informático: compromete la seguridad nacional, afecta la moral de la tropa y pone en entredicho la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas modernas. El silencio oficial, lejos de tranquilizar, profundiza la desconfianza.
El Estado argentino ya no puede seguir ignorando el problema estructural que representa su debilidad digital. Sin una inversión seria en ciberdefensa, sin transparencia en las respuestas y sin un marco legal claro para el uso de militares en seguridad interior, los riesgos seguirán creciendo. El hackeo al Ejército es una alarma que el Gobierno no puede darse el lujo de silenciar.
