El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, firman un decreto para emitir deuda por 35 billones de pesos, provocando un intenso debate sobre la sostenibilidad económica y la soberanía financiera de Argentina.
El reciente decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza la emisión de deuda por 35 billones de pesos, una medida que ha generado controversia tanto en el ámbito político como en el económico. La decisión deja en jaque una vez más el futuro financiero del país y su capacidad para manejar esta nueva carga de deuda.
La decisión del gobierno de emitir esta cantidad enorme de deuda fue recibida con escepticismo y preocupación por parte de sectores de la oposición. La emisión de deuda se justifica, según el gobierno, como una estrategia para obtener los recursos necesarios para estabilizar la economía y financiar proyectos de desarrollo sostenible. El ministro Caputo destacó que estos fondos serán utilizados para impulsar la infraestructura y otros proyectos que apuntaron como esenciales para el crecimiento económico del país, en su plan de gobierno.
Sin embargo, los críticos argumentan que esta medida podría agravar la ya delicada situación económica de Argentina. El economista Mario Blejer advirtió que “aumentar la deuda en estas proporciones sin un plan claro para su repago es extremadamente peligroso”. Añadió además que la dependencia excesiva de financiamiento externo puede llevar a una crisis de deuda si no se gestiona adecuadamente.
Caputo afirmó que “parte significativa de los fondos obtenidos se destinarán a proyectos de desarrollo sostenible, esenciales para el futuro del país”. La reacción de la oposición política no se hizo esperar. Los principales líderes criticaron duramente la medida, calificándola de irresponsable y perjudicial para el futuro económico de Argentina. Roberto Lavagna, exministro de Economía, expresó que “esta decisión hipoteca el futuro del país y expone a Argentina a una vulnerabilidad financiera extrema”.
Asimismo, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales han expresado su preocupación por el posible impacto social de esta nueva deuda. María José Lubertino, activista de derechos humanos, señaló que “incrementar la deuda pública puede derivar en mayores recortes en áreas críticas como salud y educación, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad”. Estas organizaciones piden que se priorice el bienestar social y se busquen alternativas más sostenibles de financiamiento .
