El gobierno nacional argumenta que la distribución inmediata de alimentos es una decisión de política pública, no judicial.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció su intención de apelar la resolución del juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la distribución inmediata de 5 millones de kilos de alimentos almacenados en depósitos dependientes del Ministerio de Capital Humano. La medida judicial busca responder a una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, quien acusa al Ministerio de Capital Humano de no distribuir los alimentos destinados a comedores comunitarios en todo el país.
La Resolución Judicial y la Respuesta Gubernamental
El juez Casanello emitió una orden para que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovello, elabore en 72 horas un plan para la distribución de los alimentos almacenados. La orden también incluye un operativo para inventariar y verificar las condiciones de almacenamiento y fechas de vencimiento de los productos.
En representación de la gestión de Milei, Adorni afirmó que la orden judicial es una interferencia en su política pública. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que están a nuestro alcance en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, como bien es este caso”, argumentó.
En la conferencia de prensa diaria que el portavoz lleva adelante, continuó diciendo: “Vamos a apelar la resolución porque esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”. Y apuntó: “Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina…. Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock”.
La denuncia de Grabois se presentó en febrero, apuntando a la falta de distribución de alimentos en los comedores comunitarios bajo el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. Según Grabois, en los depósitos de Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán, se encuentran almacenadas casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno admitió la existencia de estos alimentos, pero justificó la situación argumentando irregularidades en la distribución que datan del gobierno anterior y que están trabajando en mejorar el sistema.
Adorni enfatizó que ningún alimento bajo custodia del gobierno está en riesgo de vencimiento ni se tirará a la basura. Además, sostuvo que las críticas provienen, según él, de quienes perdieron privilegios con la eliminación de intermediarios en la distribución de alimentos.
El juez Casanello fundamentó su resolución en el derecho humano fundamental a la alimentación, ligado al derecho a la vida, la dignidad y la salud. Citas de informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) señalan que más del 57% de la población argentina vive en situación de pobreza, con un 32% de los niños padeciendo inseguridad alimentaria.
Casanello también destacó la responsabilidad del Estado en garantizar la alimentación adecuada de la población, señalando que la entrega de alimentos no puede ser pospuesta y debe ser ejecutada de manera inmediata.
Operativo de Inventario y Plan de Entrega
El juez ordenó que se realice un inventario detallado de los alimentos en los depósitos, incluyendo tipo de producto, fechas de adquisición y vencimiento, y registros de ingreso y egreso desde diciembre de 2023. También solicitó los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de los alimentos almacenados.
Casanello instruyó al Ministerio de Capital Humano a presentar un plan para la entrega inmediata de los alimentos dentro de 72 horas, reiterando que la distribución debe hacerse de manera efectiva y priorizando las necesidades de los sectores más vulnerables.
Reacciones y Próximos Pasos
La apelación del Ejecutivo abrirá un nuevo capítulo en esta disputa judicial. Mientras tanto, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos estarán atentos a los pasos que dará el gobierno en relación a la distribución de alimentos y a la respuesta del sistema judicial.
