Mientras millones de familias se endeudan para comer y pagar el alquiler, la gestión libertaria avanza sobre el acceso a la vivienda y sella un polémico pacto de patentes reclamado por Estados Unidos.

El gobierno de Javier Milei profundizó la desprotección de millones de familias trabajadoras al conseguir en el Senado la sanción definitiva de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada desde la Casa Rosada que instaura los desalojos exprés en plena emergencia habitacional y retroceso del empleo registrado. A través de esta reforma, los propietarios de viviendas, terrenos o campos quedaron facultados para exigir la restitución inmediata de sus inmuebles ante situaciones de mora o vencimiento contractual, dejando de lado la necesidad de aguardar una sentencia firme.
Cómo funciona la reforma procesal y el repudio de los inquilinos
Para ejecutar este mecanismo de expulsión acelerada, la normativa sancionada este jueves modifica artículos sustanciales del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entre ellos el 679, el 680, el 684 bis y el 686 bis. Bajo el nuevo esquema legal promovido por el Ejecutivo, el dueño únicamente debe cursar una intimación previa otorgando un plazo mínimo de diez días corridos antes de promover la demanda, quedando el magistrado habilitado para dictar una orden de desocupación que autorice explícitamente la intervención de la fuerza pública, el allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras.
La respuesta de los sectores afectados no tardó en escalar tras la votación en la Cámara alta. Desde la organización Inquilinos Agrupados salieron a cuestionar con dureza el alcance de la norma al advertir que legaliza el “desalojo masivo sin juicio previo de inquilinos urbanos y comunidades rurales”, al tiempo que expusieron públicamente en una fotografía los rostros de los senadores que acompañaron el proyecto oficialista.
Endeudamiento para comer y récord de destrucción de empresas bajo la era Milei
La ofensiva legislativa contra los locatarios golpea en un contexto social alarmante, signado por el derrumbe del salario real y la imposibilidad creciente de sostener un techo. Los datos relevados en junio de 2026 por la Encuesta Nacional Inquilina revelan que el 29,7% de los hogares que alquilan atraviesa una situación de emergencia habitacional al combinar simultáneamente sobrecarga en el valor del alquiler, pasivos acumulados y amenaza inminente de mudanza. El mismo estudio expone que el 48,5% de las familias destina la mitad o más de sus ingresos mensuales solo a cubrir la renta, lo que forzó al 20% a abandonar sus viviendas por asfixia económica, mientras que el 72,9% arrastra deudas activas, el 55,3% tuvo que endeudarse para comprar alimentos y el 47,4% necesita más de un trabajo para afrontar el alquiler.
El universo perjudicado por el ajuste habitacional de la administración libertaria alcanza dimensiones masivas según las propias estadísticas oficiales. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al primer semestre de 2026 indican que, dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados, el 20,9% de los hogares vive bajo régimen de alquiler o arrendamiento, lo que involucra directamente a 2.144.000 hogares y a 5.522.000 personas.
Este escenario de vulnerabilidad se agrava por el colapso del tejido productivo y del trabajo formal desde el desembarco de Milei en el poder. Un informe elaborado por el centro de estudios Fundar documentó que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron de manera neta 32.429 empresas empleadoras en todo el país, marcando una retracción del 6,3% en el universo total de firmas y configurando la caída porcentual más pronunciada para los primeros 33 meses de una gestión presidencial desde el inicio de la serie histórica en 1996.
Adhesión al Tratado de Patentes y alarma por el precio de los medicamentos
En el transcurso de la misma sesión, el oficialismo también logró imponer por 47 votos afirmativos contra 22 negativos la incorporación de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un compromiso reclamado de forma directa por el gobierno de los Estados Unidos. Mientras los representantes del bloque libertario defendieron la iniciativa asegurando que con esta ratificación “la Argentina abraza la previsibilidad jurídica” y fomenta la economía del conocimiento, las bancadas opositoras alertaron sobre el grave impacto sanitario y comercial de la cesión soberana.
Durante el debate en el recinto, el jefe del bloque peronista, José Mayans, denunció el trasfondo comercial del acuerdo al afirmar que “esto es un tratado de libre comercio donde la Argentina le levanta aranceles a 233 productos de Estados Unidos”, advirtiendo además sobre el golpe letal que sufrirá la industria nacional de medicamentos genéricos. En la misma sintonía, el senador Jorge Capitanich manifestó su alarma frente al riesgo de un “aumento estrepitoso del precio de los medicamentos” en medio de la profunda crisis sanitaria y económica que golpea a los hogares argentinos.