Para disimular el rojo de diciembre ante el FMI, Economía analiza diferir a enero más de un billón de pesos de haberes públicos, mientras se multiplican las denuncias penales por desvío de fondos fiduciarios y el colapso de pagos en los trenes.

El esquema de supuesto equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei exhibe como bandera de gestión atraviesa su momento más delicado de cara al cierre del ejercicio 2026. Frente a la imposibilidad de sostener las cuentas en orden sin recurrir a artilugios contables, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza postergar hasta el primer minuto hábil de enero el pago del segundo medio aguinaldo para todos los trabajadores del sector público nacional cuyos ingresos superen los 1.400.000 pesos. La maniobra apunta a correr de la planilla de diciembre un desembolso superior al billón de pesos, buscando maquillar el resultado financiero en la antesala de una revisión determinante con el Fondo Monetario Internacional.
Detrás de este eventual diferimiento salarial se esconde la magnitud real del desequilibrio que arrastra el Palacio de Hacienda para el último mes del año. Las estimaciones oficiales y privadas proyectan que el déficit primario de diciembre oscilará entre los 3,62 y los 3,74 billones de pesos, mientras que el déficit financiero —al incorporar los vencimientos de intereses de deuda— trepará a una franja de entre 4,15 y 4,29 billones. Si Caputo ejecuta el traslado de ese billón de pesos al calendario siguiente, lograría recortar artificialmente un 27% del rojo primario y un 23% del financiero; sin embargo, ni siquiera esa contabilidad creativa evitaría que diciembre cierre con un saldo negativo de entre 2,6 y 2,7 billones en el resultado primario y de hasta 3,3 billones en el financiero.
Un cierre de ejercicio atado con alambres contables
El trasfondo técnico de la jugada se apoya en la forma en que el Ministerio de Economía presenta sus estadísticas: al regirse por el criterio de caja, cualquier erogación efectuada en enero pasa a engrosar automáticamente las planillas de 2027. No obstante, desde el punto de vista patrimonial, si el medio aguinaldo queda devengado al 31 de diciembre, figurará como una deuda exigible dentro del ejercicio 2026 aunque los trabajadores recién vean acreditado el dinero al año siguiente.
Esta ingeniería financiera quedó formalizada en la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre, donde Economía fijó las pautas para administrar el pasivo de fin de año. Allí se dispuso que todo gasto devengado e impago al cierre de diciembre se asiente como pasivo corriente de cada repartición, mientras que los compromisos que no alcancen a devengarse se patearán a 2027, consumiendo de entrada partidas del nuevo presupuesto y cuotas del primer trimestre.
El volumen de esta deuda flotante expone el grado de asfixia financiera de la administración libertaria. Según las estadísticas de Presupuesto Abierto, al 31 de octubre la Administración Nacional acumulaba 2,86 billones de pesos en gastos devengados pendientes de pago —sin contar los servicios de la deuda pública—, lo que representa el 2,5% del total devengado entre enero y octubre, muy por encima del 1,5% registrado en el mismo tramo de 2025. Si bien esa cifra bajó a 1,37 billones al 4 de noviembre tras una ventana de cancelaciones, la brusca variación demuestra cómo el equipo económico manipula las fechas de corte para contener el desborde de caja.
Denuncias penales, crisis interna y parálisis en los trenes
El frenazo de pagos impuesto por Caputo para sostener el relato del déficit cero ya golpeó de lleno sobre el funcionamiento de servicios esenciales y desató una crisis política dentro del propio gabinete. En el sistema ferroviario, las empresas que proveen repuestos y realizan tareas de mantenimiento llevan más de diez meses sin cobrar facturas que ya fueron validadas por las operadoras. El sindicato La Fraternidad advirtió que este ahogo presupuestario provocó recortes graves en la infraestructura y una caída del 33% en las frecuencias de los trenes del área metropolitana.
A la par del conflicto con los contratistas, la gestión económica quedó envuelta en un escándalo judicial por el manejo discrecional de recursos con afectación específica. Caputo enfrenta una serie de demandas penales por apropiarse de fondos provenientes de fideicomisos y, en particular, de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, dinero que por ley debe destinarse exclusivamente a obras viales e hídricas. Este avance sobre partidas blindadas provocó además un fuerte enfrentamiento interno entre el titular de Economía y el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann.
El FMI en la mira y el dilema legal del relato libertario
La encrucijada del equipo económico deja al ministro atrapado entre reconocer el fracaso de su meta fiscal o avanzar sobre marcos legales para sostener la apariencia de solvencia. Este cuadro de fragilidad financiera estalla justo en diciembre, mes en el que el directorio del Fondo Monetario Internacional debe reunirse para auditar los números de la Argentina y definir si libera un giro de aproximadamente 900 millones de dólares.
Para destrabar ese desembolso, Caputo necesita con urgencia que el organismo multilateral le conceda una nueva dispensa, ya que el Gobierno incumplió la meta fiscal del primer semestre a pesar de que el propio Fondo había aceptado flexibilizarla en mayo pasado para evitarle un revés político mayor a la administración de Milei.