Por decreto, el Gobierno avanza en concesionar por 20 años la aduana clave con Brasil. Un negocio a medida y una peligrosa entrega soberana.

En medio de una escalada privatizadora que pone en jaque los recursos y la soberanía estratégica de la Nación, la gestión de Javier Milei dio un nuevo paso tan polémico como preocupante al formalizar, mediante el Decreto 1350/2026 publicado en el Boletín Oficial, la declaración de interés público para concesionar el complejo fronterizo de Paso de los Libres. Con esta medida, el Gobierno profundiza su desinterés por el rol regulador del Estado y habilita el camino para entregar a manos privadas la administración, explotación y modernización del nodo terrestre que conecta a la Argentina con Brasil a través de Uruguayana, consolidando una política de entrega que desprotege los puntos más sensibles de nuestras fronteras.

La decisión oficial no hace más que exponer la discrecionalidad con la que opera la administración central, que busca desprenderse del control de la segunda aduana terrestre más importante del país y del tercer paso en volumen de tránsito de personas, registrando más de tres millones de movimientos migratorios y una circulación superior a los mil camiones diarios. Lejos de priorizar un esquema de soberanía e integración regional equilibrada, el oficialismo apunta a un modelo de concesión a largo plazo —pactado inicialmente por 20 años con una prórroga posible de otros cinco—, donde el operador privado manejará a discreción las instalaciones que integran el Complejo Terminal de Cargas y el Área de Control Integrado.

Lo más alarmante del proceso es la escasa transparencia y el filtro que dejó a las claras un negocio a la medida de pocos. De las ocho iniciativas privadas presentadas originalmente en la convocatoria, siete fueron descartadas por presuntos incumplimientos, dejando en carrera a una única propuesta conformada por el consorcio integrado por Empresa General Urquiza SRL, Servicios Logísticos Integrados SRL y Da Fré Obras Civiles SA. Este grupo empresarial quedará a cargo de un masterplan que incluye desde la repavimentación y tecnología de control hasta la explotación comercial de estaciones de servicio, alojamientos y un parque solar, bajo la premisa de autofinanciamiento pero con el botín de usufructuar un corredor comercial internacional vital para el intercambio sudamericano.

Mientras la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, junto al Ministerio de Economía, acelera la confección de los pliegos para finiquitar la licitación tras la entrada en vigencia de la norma, la gestión libertaria demuestra una vez más su peligrosa vocación por vaciar al Estado de sus funciones esenciales. Entregar la custodia, el control aduanero y la infraestructura de un paso limítrofe de semejante magnitud geopolítica y comercial a la lógica implacable del lucro privado desnuda un plan de gobierno dispuesto a rifar los intereses estratégicos de la Argentina sin medir las consecuencias sociales ni institucionales.