El proyecto oficialista proyecta una drástica poda en las partidas de subsidios energéticos para 2027 que golpeará con mayor crudeza a los hogares de ingresos bajos y medios del AMBA.
La cruzada desreguladora y el ajuste sin anestesia que comanda Javier Milei preparan un nuevo golpe demoledor contra la economía cotidiana de millones de familias trabajadoras. Detrás de los discursos triunfalistas sobre el orden fiscal, la letra chica del proyecto de Presupuesto 2027 esconde una brutal reducción de las partidas destinadas a subsidiar la energía eléctrica, una medida diseñada para trasladar el costo pleno de la generación directamente a los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un riguroso relevamiento elaborado por la consultora especializada Economía y Energía, la quita compulsiva de asistencia estatal provocará que los sectores más desprotegidos afronten un incremento directo del 26% en sus boletas, pulverizando cualquier intento de recomposición salarial y superando con holgura las pautas inflacionarias que el propio Palacio de Hacienda intenta proyectar.
La trampa de la cobertura y el castigo a los sectores más vulnerables
El mecanismo de transferencia de recursos diseñado por el equipo económico desnuda la crueldad ideológica del programa oficialista. Bajo la premisa de que el Estado nacional debe desentenderse por completo de la contención social, el esquema prevé que los hogares que hoy cuentan con tarifa social o subsidios segmentados pasen a absorber de su propio bolsillo el 64,27% del costo real de abastecimiento eléctrico, dejando la cobertura pública reducida a una mínima expresión del 35,73%. En contraste, los usuarios residenciales sin subsidio cubrirán el 94,62% y el sector no residencial alcanzará una cobertura casi absoluta del 99,75%, configurando un escenario donde el acceso a un servicio público esencial deja de ser un derecho básico para transformarse en un artículo de lujo inalcanzable.
La traducción en pesos de esta nueva embestida tarifaria expone el descalabro presupuestario que padecerán los hogares. Para un consumo estándar de 250 kWh mensuales, un hogar subsidiado que pagaba una factura con impuestos de 26.986 pesos pasará a desembolsar de forma automática 34.020 pesos, lo que representa un sobrecosto inmediato de más de 7.000 pesos por mes. En tanto, las familias sin asistencia estatal verán escalar su factura de 49.097 a 53.733 pesos por idéntico nivel de consumo, sumando un nuevo piso de gastos fijos que estrangula a la clase media y empuja a miles de personas hacia la pobreza energética.
Asfixia a los comercios de barrio y la amenaza de cargos adicionales
El impacto del desfinanciamiento energético caerá con particular ferocidad sobre el entramado comercial y las pequeñas y medianas empresas, ya golpeadas por el desplome generalizado del consumo popular. El estudio proyecta para los locales comerciales una suba del 19% en la tarifa eléctrica, llevando una boleta testigo de 492 kWh mensuales desde los 153.225 pesos actuales hasta los 182.274 pesos, lo que implica un salto de casi 29.000 pesos adicionales que muchos negocios de barrio no estarán en condiciones de absorber. Este estrangulamiento tarifario amenaza con acelerar la ola de cierres de persianas y despidos en los cordones comerciales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, asfixiados entre la caída de las ventas y costos operativos impagables.
El panorama se vuelve aún más sombrío si se considera que estas proyecciones toman únicamente como base el costo puro de la generación eléctrica. Los cálculos no contemplan las inminentes revisiones que las empresas transportistas y las distribuidoras privadas exigirán para actualizar sus márgenes de ganancia, lo que anticipa que el salto definitivo en las boletas finales superará con creces las estimaciones preliminares. Al subordinar el acceso a la luz a las metas de un déficit cero insostenible, la gestión de Javier Milei ratifica que su único plan económico consiste en descargar el peso del ajuste sobre los sectores más vulnerables y la producción nacional, garantizando la rentabilidad de las corporaciones energéticas mientras la sociedad argentina se hunde en la precariedad.
