Funcionarios de Salud convocaron a la Conferencia Episcopal para frenar el malestar por el desfinanciamiento sistemático a las instituciones y a las familias vulnerables.
El ajuste implacable que la administración de Javier Milei ejecuta sobre las áreas más sensibles del Estado obligó al Poder Ejecutivo a ensayar una maniobra de contención política ante el creciente malestar de la Iglesia católica. Acorralado por las advertencias de los obispos y el deterioro terminal en la atención de los sectores más vulnerables, el Ministerio de Salud convocó a una reunión formal a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El cónclave en la sede ministerial no responde a una genuina vocación de diálogo, sino al nerviosismo evidente de la Casa Rosada ante la inminente llegada del Papa, una visita pastoral que promete poner en el centro del debate internacional la crueldad del modelo libertario y el desamparo al que fueron condenadas miles de personas con discapacidad en todo el país.
El desfinanciamiento oficial frente a la red asistencial de la Iglesia
La convocatoria gubernamental se da como respuesta directa a la conformación de la flamante Mesa de Discapacidad de la Iglesia, un espacio interinstitucional integrado por referentes de Cáritas, la Pastoral Social y la Pastoral de la Salud para asistir a las familias e instituciones que quedaron al borde de la quiebra. Los prestadores médicos, terapeutas, centros de día y hogares que atienden a personas con discapacidad denuncian desde hace meses el corte deliberado de partidas presupuestarias, la paralización de subsidios y una asfixia financiera que amenaza la continuidad de los tratamientos más elementales. La Iglesia, que sostiene a pulmón gran parte de los dispositivos territoriales donde el Estado se retiró, asiste a la mesa de negociación no para avalar la motosierra, sino para exigir respuestas operativas inmediatas frente a una tragedia social que los funcionarios eligen maquillar con reuniones protocolares.
La relación entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica atraviesa su momento más ríspido debido al contraste insalvable entre el dogma del ajuste a ultranza y la doctrina social humanista. Los referentes católicos han manifestado abiertamente sus reparos ante las políticas oficiales que consideran a la salud y a la asistencia a la vulnerabilidad como gastos superfluos en el altar del déficit cero. Lejos de resolver la falta de pagos a los prestadores y la desprotección del sistema, el oficialismo intenta ganar tiempo político sentando a los prelados en una mesa técnica para disimular la ausencia total de un plan de inclusión, mientras en los barrios populares el cierre de instituciones ya es una realidad cotidiana.
La visita papal como un espejo incómodo para el ajuste libertario
La urgencia del Gobierno por abrir este canal de diálogo encuentra su verdadera explicación en el calendario pastoral. La llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica en noviembre incluirá una visita de altísimo impacto simbólico al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución emblemática que atiende de manera integral a personas con discapacidades severas. Ese gesto representará una interpelación moral directa contra la indiferencia gubernamental y una postal que dejará en evidencia, ante los ojos del mundo, las secuelas del retiro absoluto de las políticas públicas de contención.
La cumbre en el Ministerio de Salud expone el oportunismo de una gestión que sólo reacciona cuando el costo político y la reprobación del Vaticano amenazan su imagen pública. Tras meses de desatender reclamos desesperados de padres, transportistas y profesionales del sector, el oficialismo se ve forzado a escuchar a los obispos únicamente para desactivar una crisis que amenaza con estallar durante los actos masivos de noviembre. En el fondo, la Iglesia se presentará ante los funcionarios no para aplaudir promesas vacías, sino como la voz de una comunidad abandonada que exige frenar el vaciamiento de la salud pública antes de que el daño social sea completamente irreversible.
